El 22 de noviembre de 1949, el Presidente Juan Domingo Perón suspendía el cobro de los aranceles universitarios y, con esta medida, la educación superior pasaba de ser un privilegio a ser un derecho. La medida sentó un gran precedente en términos de igualdad en América Latina, pues reconoció el derecho universal a la educación superior gratuita, permitiendo el acceso de las masas populares, de bajos recursos y provenientes de familias obreras, a los estudios de grado superior.
Esta política, que amplió la base social del estudiantado, permitió que la matrícula de las universidades públicas aumentara exponencialmente en los siguientes años, tal como muestran los datos del Ministerio de Educación de la Nación. La Argentina pasaría de una matrícula de 47.400 estudiantes a contar al año siguiente con 80.445 estudiantes en las aulas universitarias; población estudiantil que en la actualidad supera los 2 millones de estudiantes en la universidad pública nacional.
El reconocimiento de este derecho, que busca incluir a los sectores más vulnerables del entramado social, posibilita que hoy se continúe reivindicando a la educación como un elemento que contribuye a la distribución equitativa del conocimiento y asegura la igualdad de oportunidades. Además, sostiene la responsabilidad indelegable del Estado en el financiamiento de la educación superior, garantizando el ingreso, permanencia y egreso de los y las estudiantes.
A 75 años de la sanción del Decreto Presidencial N° 29337/49 seguimos reivindicando la gratuidad de la universidad y la función democratizadora de la educación superior, que deben ser un instrumento de igualación cultural, política y social, y la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la universidad que incluye el conjunto de las políticas democratizadoras del acceso.
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